El objetivo de la Ley 2/2023 es el de proteger a las personas que denuncian prácticas corruptas o ilegales que se estén produciendo dentro de las empresas u organizaciones.
Todas las empresas, con más de 50 empleados, deben contar con un canal de denuncias para que los trabajadores puedan informar de cualquier infracción normativa o conducta corrupta que hayan detectado.