25 Sep PONIENDO FRENO A LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

El pasado 11 de mayo de 2023, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó un proyecto de ley pionera. Concretamente, el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, 121/000107.

Es una ley pionera, como decimos, porque es la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo claro de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Un concepto íntimamente unido a estos objetivos es el de cadena alimentaria dado que la Ley, una vez aprobada, establecerá que todos y cada uno de los agentes de la cadena alimentaria estarán obligados a disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio.

Así, cabe resaltar que ya en 2013, se aprobó en nuestro país la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Modificada en algunos aspectos, en diciembre de 2021, la de 2013 tenía como gran objetivo establecer una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.

La Ley 12/2013, una Ley necesaria

La aprobación de la citada Ley 12/2013 cubría el clamor del sector agroalimentario que desde hacía años venía demandando una serie de medidas como la prohibición de venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena que sí recoge la citada Ley de 2013.

Las leyes de la cadena alimentaria, la ya aprobada en 2013, junto con la que se aprobará tras el anteproyecto de mayo de este año, nos afectan a todos. No solo a los eslabones primarios, en origen, al regularse por ley que las relaciones comerciales sean más justas, transparentes y equilibradas. También en lo que se refiere a las prácticas desleales en la cadena comercial alimentaria, prohibiendo así la destrucción de valor.

De ahí la importancia de prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario. Un desperdicio alimentario que nos afecta a todos al restarle valor al producto, pero también al trabajo de cada uno de los agentes de la cadena alimentaria. Pensemos en el coste de ese desperdicio con algunos datos, ya que la nueva ley, también se propone concienciar además de regular. Así, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, en el año 2020. Lo que supone la pérdida de 250 euros.

Los objetivos de la nueva Ley

Formando parte de una cadena, la nueva ley de próxima aprobación supondrá establecer un ambicioso objetivo: el de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios hasta los consumidores, ya que el desperdicio de alimentos se da a lo largo de todas las fases de la cadena. Una de las herramientas para esa concienciación e implementación de la ley, será la de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Todos los agentes de la cadena alimentaria tendrán esa obligación, estableciendo para ello una serie de fases.

La primera será la del autodiagnóstico de los procesos productivos. Ya que será necesario identificar dónde se producen las pérdidas de alimentos. A partir de ese diagnóstico, el plan ha de fijar medidas concretas para minimizarlos si no se pueden erradicar. Y, por último, la destinación de esos alimentos a otros usos, para lo cual se fijará una jerarquía de prioridades.

Sobre este último apartado, la ley es clara, establece como prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos frente a otras opciones: alimentación animal o compostaje. Una lectura tangencial del articulado nos da pistas de que lo que se pretende con las obligaciones y las sanciones recogidas por su incumplimiento: dar valor al consumo responsable y a la eficiencia de los alimentos. Apostar más por las buenas prácticas y suprimir en lo posible, por ejemplo, la posibilidad de donar o comercializar alimentos con fecha de consumo preferente sobrepasada.

Que nada sobre, que nada se tire

Desde la perspectiva de los consumidores, se incide, por ejemplo, en una práctica que ya se ha venido imponiendo poco a poco en nuestro país, en el sector hostelero, pero con la entrada en vigor de esta ley será obligatorio. Nos referimos a que las empresas de hostelería estarán obligadas a facilitar al consumidor los alimentos que no haya consumido. Este podrá llevárselos, sin coste adicional alguno, salvo ciertas excepciones, en envases reutilizables o fácilmente reciclables y, además, aptos para el uso alimentario. La transparencia es otro de los ejes vertebrales de esta ley habida cuenta de los agentes implicados. La ley contempla el deber del Gobierno de elaborar un Plan Estratégico que defina la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones, en este ámbito. Un plan revisable cada cuatro años. Esta planificación estratégica formará parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos.

El anteproyecto de ley será, en definitiva, un articulado legal, una herramienta, sin olvidar que para que tenga éxito en la consecución de sus objetivos necesita de la implicación de todos, del conjunto de la cadena alimentaria, desde los productores a los consumidores finales, es decir, de la sociedad en general.