18 May EL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE LLEGA EN UN MOMENTO CLAVE: LA NUEVA LEY DE RESIDUOS

Como cada año desde que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura) lo declarase en 2005, el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una fecha señalada para concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo económico desde una perspectiva lineal hacia otra de carácter circular, que minimice la generación de residuos y maximice su prevención, reutilización y reciclaje.

El consumo de recursos y la gestión de los residuos asociada es uno de los grandes retos no resueltos a los que se enfrenta la humanidad. Si bien muchos países desarrollados, entre ellos España, cuentan con sistemas de gestión para los diferentes tipos de residuos que se generan, todavía estamos transitando desde un modelo de consumo lineal hacia los principios de la economía circular. Aún quedan muchos pasos por dar, por eso, días como el 17 de mayo, siguen siendo claves para provocar cambios a todos los niveles.

Además, otro de los elementos cruciales para lograr dichos cambios reside en la normativa reguladora. Y el hecho es que esta nueva celebración del Día del Reciclaje llega en un momento clave, dada la reciente aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha llevado a cabo la transposición de la Directiva Marco de Residuos al ordenamiento jurídico español.

Objetivos y novedades de la nueva Ley de Residuos

El objetivo de la Ley 7/2022 es regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos que, tanto su generación como su gestión, provocan sobre la salud humana y el medio ambiente.

La nueva ley refuerza la aplicación del principio de jerarquía de residuos obligando a las administraciones competentes a usar instrumentos económicos para su efectiva consecución. Por ello, incluye expresamente por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación.

Además, en aplicación del principio de “quien contamina paga”, los costes de la gestión de los residuos recaerán sobre el productor de los mismos o sobre el productor del producto (que con el uso se convierte en residuo) en los casos en que así se establezca en aplicación de las normas de responsabilidad ampliada del productor del producto.

El papel de las entidades locales y de los técnicos de medio ambiente

La nueva ley también obliga (Art. 12.5) a las entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes a aprobar programas de gestión de residuos que sean conformes a los planes autonómicos y estatales. Además, podrán elaborar estrategias de economía circular y programas de prevención y tendrán la opción de gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos.

Por otro lado, también podrán obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

¿Qué implica para el profesional dedicado al medio ambiente?

El papel que otorga la nueva ley encomienda a los profesionales del mundo de la seguridad y el medio ambiente, los gerentes de empresas productoras de residuos o los técnicos en medio ambiente de entidades públicas y privadas es de vital importancia, porque, tal como se ha indicado, deberán participar de forma directa en la gestión y tratamiento de los residuos que generen sus empresas o que sean de su competencia, en el caso de los técnicos que trabajen en las propias autoridades competentes. Ello exigirá un perfecto conocimiento de los tipos de residuos que se están generando, de las alternativas de tratamiento existentes y de la normativa regulatoria que establece cómo se debe proceder con la gestión de los diferentes tipos de residuos.